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García Tejerina defiende en León la caza del lobo y pide más apoyo a ganaderos

Isabel García Tejerina. ©EY

Una granja de vacuno de leche en Villaquejida (León) sirvió de escenario, el domingo 15 de noviembre, para un mensaje que lleva años repitiéndose en el discurso del PP sobre el medio rural: hay que poder gestionar al lobo, también cazándolo, para aliviar la presión sobre la ganadería extensiva. La encargada de trasladarlo fue Isabel García Tejerina, ministra de Agricultura entre 2014 y 2018 con Mariano Rajoy, en un acto de campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre.

Tejerina estuvo acompañada por el cabeza de lista del PP al Senado por León, Antonio Silván; el número dos de la candidatura al Congreso, Ricardo Gavilanes; y el presidente de la gestora provincial del partido, Juan Carlos Suárez-Quiñones, antiguo consejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León y una de las voces que más se ha significado en la pelea jurídica y política por el lobo en la región.

«Nosotros pedimos que se pudiera cazar el lobo al sur del Duero»

Durante la visita, García Tejerina recuperó la posición que mantuvo su departamento durante la etapa de Rajoy: permitir la caza del lobo también en el sur del Duero, donde la especie conserva el nivel más alto de protección legal. «Nosotros pedimos que se pudiera cazar el lobo al sur del Duero. Todo lo contrario, lo que después se hizo, porque era una especie que crecía, que estaba suficientemente bien protegida», afirmó la exministra, según recoge iLeón.

La frase no es nueva en el argumentario popular. Desde que el Gobierno central incluyó a todas las poblaciones de lobo ibérico en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial en 2021, dirigentes del PP en Castilla y León han sostenido que la especie «siempre ha estado protegida» en la comunidad y que su crecimiento poblacional justificaba mantener algún tipo de aprovechamiento cinegético, frente a la tesis de que su estado de conservación seguía siendo desfavorable a escala nacional.

Qué dice hoy la norma sobre cazar el lobo al sur del Duero

Aquí es donde conviene separar el discurso político del estado real de la normativa, porque ha cambiado varias veces en los últimos años y hoy no permite lo que reclamó la exministra. En abril de 2025, una disposición incluida en la Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario modificó el Real Decreto 139/2011 y sacó del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial a las poblaciones de lobo situadas al norte del Duero, lo que en la práctica abrió la puerta a su caza en esa mitad del país. Pero esa misma reforma mantuvo a las poblaciones del sur del Duero dentro del listado protegido, es decir, exactamente en el escenario que García Tejerina pidió cambiar.

Dicho de otro modo: el lobo puede cazarse hoy, con las correspondientes autorizaciones autonómicas, en comunidades situadas al norte del Duero, como Galicia, Asturias, Cantabria o el norte de Castilla y León. Al sur de ese río —donde se sitúan buena parte de las comarcas ganaderas leonesas de las que habló Tejerina— el lobo sigue bajo un régimen de protección estricta derivado de la Directiva Hábitats europea, que lo incluye entre las especies de interés comunitario que exigen una conservación reforzada.

A esa fotografía normativa hay que sumar un antecedente judicial que pesa sobre cualquier intento autonómico de ampliar la caza del lobo: el Tribunal de Justicia de la Unión Europea falló en julio de 2024 que la ley de Castilla y León que había permitido cazar lobos al norte del Duero entre 2019 y 2022 violaba el derecho europeo, al no haber tenido en cuenta un informe estatal de 2019 que calificaba el estado de conservación del lobo de desfavorable en toda España. El propio TJUE subrayó que una especie puede ser objeto de medidas de gestión sin que eso implique que su estado de conservación sea favorable, y que, si es necesario, la caza puede llegar a prohibirse. Ese fallo responde a una consulta planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León tras un recurso de la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL), organización que mantiene una posición activa y claramente contraria a flexibilizar la caza de la especie, por lo que sus datos y recursos conviene leerlos como los de una parte interesada en el debate, no como árbitro neutral.

La Junta de Castilla y León, por su parte, ya mostró en 2021 su rechazo frontal a la inclusión de todas las poblaciones de lobo en el listado de protección especial. El entonces consejero Suárez-Quiñones —presente también en el acto de Villaquejida— llegó a suspender las autorizaciones de caza vigentes «por el principio de precaución» mientras pedía un informe jurídico sobre qué ocurría con los derechos ya concedidos a cazadores y entidades locales. Esa disputa entre la Junta y el Ministerio para la Transición Ecológica se ha prolongado con recursos, censos propios de las comunidades loberas y un pulso que todavía no está cerrado: el Defensor del Pueblo recurrió ante el Tribunal Constitucional la desprotección del lobo al norte del Duero aprobada en 2025, un recurso admitido a trámite y aún pendiente de resolución, lo que significa que el propio mapa legal podría volver a moverse.

Precios, PAC y burocracia: el resto del mensaje en Villaquejida

El lobo no fue el único asunto de la visita. García Tejerina censuró la respuesta del Gobierno central ante el encarecimiento de fertilizantes, carburantes y piensos, y reclamó una Política Agraria Común sólida, seguros agrarios eficaces y una ley de la cadena alimentaria capaz de dar estabilidad al sector. «No puedes tener ambición de España, no puedes tener ambición de país si no tienes ambición para la agricultura y la ganadería y para la industria alimentaria», defendió, pidiendo además que el Estado actúe como «catalizador» del campo y no como un freno.

Ricardo Gavilanes insistió en que los precios que cobran agricultores y ganaderos deben cubrir sus costes reales de producción y prometió reducir la carga burocrática que soportan las explotaciones, una de las quejas más repetidas entre titulares de granjas y cooperativas leonesas. El candidato reclamó también protección para los ganaderos frente a los ataques del lobo, planteando que esa seguridad debía compatibilizarse con la conservación de la especie, y detalló propuestas del PP para facilitar el relevo generacional mediante anticipos de las ayudas de la PAC y beneficios fiscales para jóvenes agricultores.

Antonio Silván cerró las intervenciones reivindicando el compromiso de su partido con el sector primario y subrayando que los ganaderos «necesitan ayuda» y necesitan sobre todo certezas: saber que las inversiones hechas en sus explotaciones van a tener continuidad en el tiempo, un mensaje que conecta directamente con la inquietud de muchas familias ganaderas ante el relevo generacional y la rentabilidad a largo plazo del sector lácteo.

Un debate que no se resuelve solo con un mitin

Lo ocurrido en Villaquejida resume bien la distancia entre el discurso de campaña y la aplicación práctica de cualquier cambio normativo sobre el lobo. García Tejerina no concretó, según la información disponible del acto, qué modelo de cupos, controles o autorizaciones plantearía para el sur del Duero, ni qué datos técnicos de conservación lo sostendrían, algo que sería determinante para pasar de la reivindicación política a una medida aplicable sobre el terreno y compatible con el derecho europeo. El propio debate autonómico sigue además alimentado por informes contrapuestos: la mayoría de comunidades autónomas con presencia de lobo respaldó ante la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente un informe que considera favorable el estado de conservación de la especie, una conclusión que, de consolidarse, reforzaría los argumentos a favor de ampliar la gestión cinegética, aunque de momento no cambia el régimen jurídico vigente al sur del Duero.

Para los ganaderos leoneses que conviven a diario con el lobo, el dilema sigue siendo muy concreto: mientras el mapa legal no se mueva al sur del río, la respuesta frente a los ataques pasa por medidas preventivas, indemnizaciones y vigilancia, no por el cupo de caza que reclamó la exministra en campaña. Otras comunidades, como La Rioja, que ha anunciado que autorizará pronto la caza del lobo y eliminará las tasas ante el aumento de manadas y ataques al ganado, muestran que el debate territorial sobre cómo compatibilizar conservación y ganadería extensiva está lejos de cerrarse, aunque cada comunidad parte de un estatus legal distinto según se sitúe al norte o al sur del Duero.

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