A menos de un mes de las elecciones generales del 29 de noviembre, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha convertido en el primer candidato de esta precampaña en pronunciarse públicamente a favor de la caza. Lo ha hecho a través de un vídeo remitido a la Real Federación Española de Caza (RFEC), en el que anuncia que su partido suscribe íntegramente el Decálogo de Compromisos Políticos que la federación presentó el pasado 21 de octubre en Madrid, dentro de la campaña «La Caza También Vota».
El gesto llega en plena carrera hacia los comicios y sitúa a la caza, por primera vez en esta precampaña estatal, en el terreno de los compromisos políticos explícitos. La RFEC, que dice representar a más de 300.000 cazadores federados, lleva semanas reclamando a todas las formaciones que se posicionen sin ambigüedades sobre el futuro del sector cinegético antes del 29-N.
Qué ha dicho Feijóo sobre la caza
En su mensaje a la federación, Feijóo reivindica la dimensión económica, cultural y ambiental de la actividad cinegética con una defensa sin matices: «La caza forma parte de España, de nuestros pueblos, de nuestras tradiciones y de nuestra economía. Genera empleo, ayuda a conservar nuestros montes y es necesaria para gestionar la fauna. La caza no es un enemigo del medio rural, es uno de sus principales aliados y merece respeto, no sospecha permanente. Por eso hoy quiero trasladar un compromiso muy claro: el Partido Popular suscribe el decálogo de compromisos políticos de la Real Federación Española de Caza».
El candidato popular desgrana después el contenido de ese compromiso: «Los diez compromisos: vamos a defender la caza sostenible, proteger sus tradiciones, reducir la burocracia y dar seguridad jurídica a quienes la practican. Y vamos a escuchar a quienes conocen el territorio antes de tomar decisiones que afectan a su futuro. No se puede legislar de espaldas al campo, y mucho menos hacerlo desde el prejuicio, la ignorancia o el sectarismo, como lamentablemente ha pasado en los últimos años».
El cierre de su intervención es el más combativo. Feijóo rechaza que proteger la naturaleza exija prohibir la actividad cinegética y reivindica el papel de quienes viven del campo: «Hay que acabar con la falsa idea de que para proteger la naturaleza hay que prohibirlo todo y enfrentarse a quienes viven en ella y de ella, porque son precisamente los agricultores, los ganaderos y los cazadores quienes tienen un verdadero interés en la conservación y en la sostenibilidad. España necesita una política rural y medioambiental seria, hecha desde el campo y no desde los despachos, con menos imposiciones, menos consignas y más sentido común. Es lo que llevo haciendo toda mi vida: he nacido efectivamente en el rural, lo he gestionado de la mano de todos los sectores y he trabajado siempre por él. Ese es mi compromiso y es el compromiso de mi partido, del Partido Popular, porque el campo español no necesita que le den lecciones, necesita que le escuchen, que le respeten y que le dejen trabajar».
Qué pide el decálogo de la RFEC a los partidos
El documento al que se adhiere el PP no nació esta campaña: la RFEC ya había ensayado la fórmula «La Caza También Vota» en las generales de 2023 y «La Caza Vota en Europa» en las europeas de 2024, siempre con el mismo guion de documento de compromisos, reuniones con los partidos y seguimiento público de quién firma. La versión de 2026 adapta esos diez puntos al mandato estatal 2026-2030 con mayor concreción que en ediciones anteriores, según explicó la propia federación al presentar la iniciativa, como ya contó Cazaflix en la presentación del documento. El decálogo reclama un marco normativo estable para la caza sostenible y pide actualizar y financiar la Estrategia Nacional de Gestión Cinegética, además de revisar la normativa de bienestar y transporte animal para adaptarla a los perros de caza. También plantea que la Política Agraria Común incentive prácticas agrícolas favorables a la caza menor, que la actividad cinegética se integre como herramienta de gestión de fauna frente a daños agrícolas y accidentes de tráfico, y que las decisiones sobre especies se apoyen en censos científicos con participación de cazadores y universidades.
El sexto punto, el que más conecta con las promesas de Feijóo sobre burocracia, reclama simplificar trámites administrativos y armonizar la normativa entre comunidades autónomas, un asunto delicado porque la caza es competencia exclusiva autonómica, aunque el Estado conserva competencias en medio ambiente que condicionan buena parte de la regulación. El séptimo compromiso pide reforzar la vigilancia contra el furtivismo y actualizar el Reglamento de Armas, sin que el decálogo detalle qué artículos concretos quiere modificar la federación. Los últimos puntos piden incorporar la caza a las políticas de desarrollo rural y reto demográfico, dar voz al sector en la elaboración de normas que le afectan y abordar la modernización del sector, incluidas las restricciones a la munición de plomo.
Lo que pesa sobre la promesa de menos burocracia
El compromiso de reducir trámites tiene recorrido práctico si se traduce en medidas concretas, pero conviene no perder de vista que la RFEC ya ha trasladado peticiones similares a otras instancias. La propia federación presentó alegaciones a la consulta pública del Ministerio del Interior sobre el Reglamento de Armas, pidiendo unificar las licencias de caza D y E en un único título habilitante, mayor flexibilidad en el uso de campos de tiro y la autorización de dispositivos como los pinganillos para las batidas de control poblacional. Son demandas que ya estaban sobre la mesa antes del anuncio de Feijóo y que ilustran por dónde podría ir una futura simplificación, aunque su aprobación depende del Ministerio del Interior y no del compromiso electoral de un partido.
La fragmentación competencial añade otra capa de complejidad: cambios normativos recientes como la simplificación de la caza social en Andalucía o el nuevo Plan General de Caza de Aragón muestran que buena parte de la gestión del día a día —licencias, cupos, modalidades— se decide en las comunidades autónomas, no en Moncloa. Cualquier promesa de seguridad jurídica formulada desde la política estatal tendrá que encajar con esas competencias autonómicas y con el marco ambiental europeo, algo que la declaración de Feijóo no desarrolla.
Otros candidatos, por ahora, sin pronunciarse
A fecha de la adhesión del PP, no consta que Santiago Abascal, candidato de Vox, se haya pronunciado todavía sobre la caza en esta precampaña de las generales del 29 de noviembre: la formación centra su discurso en inmigración, vivienda y desregulación fiscal y aún no ha presentado su programa electoral completo. Conviene recordar que en citas anteriores —las generales de 2023 y las europeas de 2024— tanto el PP como Vox llegaron a suscribir íntegramente los decálogos previos de la RFEC, mientras que el PSOE firmó solo parcialmente en 2023 y no llegó a hacerlo en la cita europea de 2024. La RFEC ha señalado que continuará su ronda de contactos con el resto de formaciones y que hará públicos los compromisos que vaya recabando, por lo que el mapa de apoyos políticos a la caza en esta campaña previsiblemente se irá completando en las próximas semanas.
Ese seguimiento no es nuevo para el sector: la propia coordinación entre Mutuasport y las federaciones autonómicas de caza ya había trazado una hoja de ruta para unificar la interlocución con los partidos antes de esta cita electoral. Y a nivel autonómico, el sector ya tiene precedentes de compromisos por escrito, como el programa de Vox para las elecciones andaluzas de 2026, que incluyó siete propuestas específicas sobre caza y pesca.
Para el cazador de a pie, el anuncio de Feijóo no cambia hoy ni un trámite ni una licencia: es una posición política de cara a un programa electoral que todavía no se ha cerrado. Su valor, de momento, es el de marcar el primer paso visible de un gran partido en esta campaña hacia el reconocimiento explícito del sector cinegético, con la incógnita de si PSOE y Vox seguirán un camino similar antes del 29 de noviembre.