La Federación Andaluza de Caza (FAC) se sentó ayer con el grupo parlamentario del Partido Popular en Sevilla (Sevilla) para pedirle algo muy concreto: que los compromisos que Juanma Moreno firmó con los cazadores andaluces el pasado 12 de mayo dejen de ser papel y se conviertan en medidas. La federación, que agrupa a más de 100.000 cazadores federados según su propia presentación corporativa, entregó a los diputados populares un documento con las medidas que el sector considera necesarias para cumplir la Agenda Andaluza por la Caza, el acuerdo estratégico nacido durante la campaña electoral del pasado mes de mayo. En el encuentro participaron José Ramón Carmona, secretario de la Mesa del Parlamento, y Francisco Manuel García, portavoz del PP en la Comisión de Sostenibilidad y Medio Ambiente, junto a otros parlamentarios populares. La FAC puso sobre la mesa dos prioridades a corto plazo: recuperar el silvestrismo a través de un régimen de capturas basado en criterios de sostenibilidad, y avanzar en la protección de la caza menor mediante medidas agroambientales que, según la federación, concilien la rentabilidad agraria con la conservación del hábitat.
Qué es el silvestrismo y por qué sigue en el limbo
Para quien no viva el día a día de los cotos, el silvestrismo es la modalidad deportiva que consiste en educar el canto de pájaros fringílidos como el pardillo, el jilguero o el verderón, y de sus híbridos con canarios, para que compitan en concursos oficiales donde se evalúa la calidad de sus melodías. Durante décadas, la captura de ejemplares del medio natural estuvo regulada por la Real Federación Española de Caza y las federaciones territoriales, que fijaban periodos, días y un número de capturas limitado por las anillas asignadas a cada licencia. La práctica no está prohibida, pero sí suspendida desde 2018, cuando la Consejería de Medio Ambiente andaluza comunicó a la FAC que no autorizaría capturas para esa temporada, una decisión motivada por la presión de un dictamen de la Comisión Europea contra España en relación con esta actividad. Desde entonces, la federación sostiene que las capturas apenas representaban una fracción mínima de la mortandad anual de estas especies y reivindica reabrir la vía legal para recuperarlas, algo que por ahora sigue sin producirse. Un capítulo reciente de ese pulso se resolvió hace unos meses, cuando la Comisión Europea respondió a una pregunta parlamentaria sobre los estudios de cría en cautividad impulsados por la Junta, aclarando que esos trabajos no constituyen ninguna infracción, aunque cualquier conclusión que permita recuperar las capturas tendría que notificarse después a Bruselas para su evaluación. Esa respuesta no equivale a una autorización de capturas, sino a un visto bueno sobre la legalidad de los estudios previos. La caza menor, por su parte, sí dispone hoy de una regulación plenamente operativa: el Decreto 126/2017 aprueba el Reglamento de Ordenación de la Caza en Andalucía, y cada temporada la Consejería competente publica en el BOJA una resolución con los periodos hábiles específicos para cada especie. Lo que la FAC pide ahora no es modificar ese marco, sino que se desarrollen, dentro de él, medidas agroambientales que ayuden a titulares de cotos y agricultores a mejorar el hábitat de conejo y perdiz sin que todo el coste recaiga sobre el bolsillo privado.
Incentivos fiscales para los cotos que invierten en el monte
Entre las medidas de apoyo planteadas durante la reunión figuran bonificaciones o exenciones en las tasas de matrícula para los titulares de cotos que financien con recursos propios mejoras de hábitat, o que colaboren en labores de prevención y extinción de incendios forestales. La federación también reclamó que la Junta desarrolle planes de difusión sobre la caza social y sus valores, y abordó la situación de la munición de plomo, aunque sin que trascendieran acuerdos ni plazos concretos sobre este último punto. Para cualquier titular de coto, la lectura práctica es sencilla: si un guarda o una sociedad de cazadores invierte en majanos, siembras cinegéticas o limpieza de cortafuegos, la FAC quiere que ese esfuerzo tenga una contrapartida fiscal real, en lugar de quedar solo como un gasto que mejora la caza de los vecinos y del monte en general sin ningún reconocimiento administrativo.
Una agenda con siete ejes y tres firmas pendientes de cumplir
La Agenda Andaluza por la Caza nació durante la campaña #LaCazaTambiénVota, previa a las elecciones autonómicas del 17 de mayo, y se articula en siete ejes que incluyen la recuperación del silvestrismo, la protección de la caza menor, la socialización de la actividad, la defensa frente a amenazas regulatorias, el impulso del papel de la mujer en el sector y decisiones de gestión apoyadas en ciencia aplicada. Durante esa campaña, el PP, Vox y el PSOE-A se comprometieron con el documento: la candidata socialista, María Jesús Montero, trasladó el respaldo de su partido a los siete puntos en un encuentro en Granada, aunque el programa electoral del PSOE-A concretó ese apoyo en solo dos propuestas específicas, centradas en el respaldo a cotos y sociedades como herramientas de gestión del territorio y en un programa sobre uso de munición y biodiversidad. Ese respaldo electoral no ha estado libre de tensión. Meses después de la firma, el PSOE registró una pregunta en el Parlamento Europeo que cuestionaba los estudios científicos de la Junta sobre silvestrismo, un movimiento que la federación y otros grupos interpretaron como un paso atrás en el compromiso socialista, como ya recogió la cobertura previa de este periódico sobre ese episodio. La reunión con el PP llega después de otra celebrada semanas atrás con Vox, según la propia FAC, de modo que solo quedaría pendiente el encuentro con el PSOE-A para completar la ronda con los tres partidos firmantes. La federación ya había trasladado esta misma reivindicación de forma conjunta a los tres grupos parlamentarios meses atrás, como recogió otra información publicada por este medio sobre esa petición conjunta, en la que también se detallaba que la Junta de Andalucía y la FAC ya habían sentado bases de trabajo para ejecutar la hoja de ruta en los próximos cuatro años. Por ahora, el encuentro con los populares deja fijadas las prioridades del sector federado, pero no supone ni la aprobación de un nuevo régimen de capturas para el silvestrismo ni la puesta en marcha de los incentivos fiscales planteados. Su recorrido real dependerá de que esas propuestas se traduzcan en iniciativas parlamentarias, partidas presupuestarias y, en el caso del silvestrismo, de que la vía abierta por la Comisión Europea permita finalmente justificar ante Bruselas la reanudación de las capturas.

