El Gobierno de Cantabria ha aprobado la declaración de emergencia cinegética temporal en varios municipios de la región ante el crecimiento descontrolado del jabalí (Sus scrofa), una situación que en los últimos años ha incrementado los daños agrícolas, los riesgos sanitarios y los accidentes de tráfico.
La resolución, publicada el 22 de abril, afecta a los términos municipales de Cabezón de Liébana, Pesaguero, Ribamontán al Mar, Val de San Vicente y Vega de Liébana, donde se aplicarán medidas excepcionales hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga en función de la evolución de la especie.
Más batidas y eliminación de cupos
Entre las medidas adoptadas destaca el incremento del número de batidas en un 50% y, sobre todo, la eliminación del cupo de capturas, lo que permitirá a los cazadores actuar sin limitaciones numéricas en las jornadas autorizadas.
Además, la administración autonómica agilizará los trámites para autorizar controles en cotos y entidades locales, facilitando la intervención rápida en zonas afectadas por daños. También se contemplan actuaciones fuera del periodo ordinario, como aguardos o batidas excepcionales, cuando existan riesgos para la seguridad o la sanidad animal.
Autorizados visores térmicos y control tecnológico
Otra de las novedades relevantes es la autorización del uso de visores nocturnos y térmicos, así como detectores de presencia y cebaderos controlados. Estas herramientas buscan aumentar la eficacia en el control de una especie que ha demostrado una notable capacidad de adaptación al entorno.
En aquellos puntos donde la actividad cinegética no sea viable, especialmente en áreas urbanas o periurbanas, serán los Agentes del Medio Natural quienes asuman las labores de control directo, incluyendo el uso de jaulas trampa en condiciones específicas.
Daños crecientes y riesgos sanitarios
El Ejecutivo cántabro justifica la medida por el aumento de los daños en explotaciones agrarias, así como por el crecimiento de los accidentes de tráfico provocados por la presencia de jabalíes en carreteras, uno de los principales problemas asociados a la expansión de la especie.
A ello se suma el riesgo sanitario, ya que el jabalí puede actuar como reservorio de enfermedades como la tuberculosis, la peste porcina africana o la brucelosis, lo que supone una amenaza directa para la ganadería y la salud pública.
La consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, María Jesús Susinos, ha señalado que la decisión responde a «una situación que exige actuar con responsabilidad y firmeza», ante un problema que afecta tanto al sector primario como a la seguridad de la población.
La resolución incluye además la prohibición de mantener jabalíes vivos o híbridos en los municipios afectados, obligando al sacrificio de los ejemplares autorizados para evitar focos de expansión no controlados. El Gobierno regional realizará un seguimiento continuo de la situación y no descarta ampliar las medidas si la presión sobre la especie se mantiene.