Un sonido que no encajaba con el canto natural de los zorzales terminó delatando a un cazador en un paraje de Camarles (Tarragona). Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil realizaban un servicio de prevención cuando detectaron una melodía artificial que imitaba el reclamo de estas aves, y al seguir el rastro del sonido dieron con un hombre de 62 años apostado en un puesto fijo, escopeta en mano y con un dispositivo electrónico activado para atraer a los pájaros.
La comprobación sobre el terreno destapó un segundo problema, tanto o más grave que el primero: el cazador no era socio del coto donde se encontraba ni contaba con la autorización del titular cinegético para entrar a cazar allí. Como consecuencia de la intervención, la Guardia Civil se incautó de las piezas abatidas y del reclamo electrónico, y retiró de forma cautelar la escopeta empleada, según la información publicada por Diari de Tarragona.
Los hechos podrían ser constitutivos de un delito contra la protección de la fauna, por lo que se han trasladado a la autoridad judicial y a la Fiscalía de Medio Ambiente. Paralelamente, el caso también se ha remitido a la Generalitat para valorar las posibles infracciones administrativas derivadas de cazar sin el permiso del coto. Las dos vías —penal y administrativa— avanzarán de forma independiente, y de ellas dependerá qué consecuencias concretas termina asumiendo el cazador.
Por qué el reclamo electrónico está prohibido desde hace más de medio siglo
La prohibición de usar reclamos electrónicos para cazar no es una ocurrencia reciente de la Generalitat: viene marcada por la Ley estatal de caza de 1970 y su reglamento de desarrollo, el Decreto 506/1971, que en su artículo 33 incluye expresamente entre los métodos vedados los reclamos electrónicos o mecánicos, categoría en la que entran tanto los aparatos específicos de caza como, por extensión, cualquier dispositivo capaz de reproducir el canto grabado de un ave para atraerla, incluido un simple teléfono móvil. La razón de fondo es sencilla de explicar para quien conoce el monte: un reclamo electrónico no distingue entre un ejemplar concreto y el resto de la bandada, y puede concentrar a decenas de aves en torno al puesto de forma artificial, alterando su comportamiento natural muy por encima de lo que permite una caza selectiva.
El Código Penal reforzó después esa prohibición por la vía penal. El artículo 336 castiga a quien, sin estar legalmente autorizado, emplee para la caza o la pesca «veneno, medios explosivos u otros instrumentos o artes de similar eficacia destructiva o no selectiva para la fauna», con penas que van de cuatro meses a dos años de prisión o multa de ocho a veinticuatro meses, y en todo caso con la inhabilitación para el ejercicio de la caza durante un periodo de uno a tres años. Que un reclamo electrónico encaje o no en ese tipo penal —frente a la vía puramente administrativa— depende de cómo valoren jueces y fiscales su capacidad real de afectar de forma masiva a la fauna en cada caso concreto, algo que la instrucción de Camarles tendrá que resolver.
Por lo que respecta al permiso de caza propiamente dicho, la Generalitat deja claro en su propia guía para cazadores qué documentación resulta imprescindible antes de pisar un coto. Según explica el portal oficial de trámites, para cazar en Cataluña hace falta licencia de caza vigente, seguro de responsabilidad civil y, en el caso de las áreas privadas, el permiso del titular cinegético, es decir, de la persona o entidad que ostenta el derecho de caza sobre ese terreno concreto. Tener la licencia en regla no habilita, por tanto, para entrar en cualquier coto: ese permiso específico del titular es un requisito aparte, y su ausencia es precisamente lo que agravó la situación del cazador de Camarles.
Un antecedente casi calcado, con un móvil en vez de un reclamo específico
El caso de Camarles no es un hecho aislado en Cataluña. Hace poco más de dos años, los Agents Rurals denunciaron a un hombre en El Cogul (Lleida), en la comarca de Les Garrigues, por utilizar un teléfono móvil como reclamo para atraer a los zorzales durante una jornada de caza. El paralelismo es llamativo: misma especie objetivo, mismo territorio catalán y el mismo truco de fondo, sustituir un reclamo tradicional por un dispositivo electrónico que reproduce el canto grabado del ave. En aquella ocasión, una patrulla de vigilancia detectó el sonido del móvil y levantó acta de denuncia al cazador, que se enfrentaba a una sanción por un método que, insisten los Agents Rurals, está prohibido por ley precisamente por su carácter masivo y por alterar el comportamiento natural de las especies.
Este tipo de episodios confirma que la vigilancia sobre el terreno no se limita a comprobar las fechas hábiles o el calibre del arma: los agentes rurales y la Guardia Civil prestan atención específica al sonido que sale de un puesto, porque un canto demasiado perfecto o repetitivo suele ser la pista que destapa un reclamo electrónico.
Lo que conviene llevar encima antes de entrar a un coto
Para el cazador que respeta las normas, el episodio de Camarles sirve de recordatorio práctico más que de anécdota de sucesos. Antes de salir al campo conviene tener a mano la licencia de caza en vigor, el seguro de responsabilidad civil y, si se usa arma de fuego, la documentación del arma junto con la guía de tenencia que acredita su titularidad. A eso hay que sumar, de forma inexcusable en terrenos privados, el permiso expreso del titular cinegético del coto, que conviene llevar en un soporte que pueda mostrarse sin dudas ante una inspección, ya sea en papel o en el móvil.
También merece la pena revisar con calma qué periodos y días hábiles corresponden a cada especie, algo que la Generalitat detalla cada temporada en su resolución de vedas y que varía según el territorio y la modalidad, por lo que no conviene darlo por sentado de un año para otro. Y en el capítulo de los medios auxiliares, la norma general es desconfiar de cualquier reclamo que no sea el tradicional: ante la duda sobre si un dispositivo concreto está permitido, lo más sensato es consultarlo con el titular del coto o con los Agents Rurals antes de usarlo, porque la sanción no distingue entre quien buscaba hacer trampa y quien simplemente desconocía que ese aparato estaba vedado.
El caso de Camarles queda ahora en manos de la autoridad judicial y de la Generalitat, y hasta que no haya una resolución firme debe hablarse de hechos denunciados, no de una sanción ya impuesta. Pero el mensaje de fondo para el sector cinegético catalán es claro: llevar la licencia en regla es solo la mitad del trabajo si falta el permiso del coto o si el reclamo que suena en el puesto no ha salido nunca de la garganta de un pájaro.