El Parlamento de Andalucía ha dado luz verde al Decreto-ley 2/2026, aprobado el 27 de marzo de 2026, una norma que introduce cambios relevantes en la regulación cinegética con el objetivo de reducir la carga burocrática y facilitar la actividad de la caza social en la comunidad.
La convalidación ha salido adelante con 17 votos a favor y dos en contra, reflejando un amplio respaldo institucional a una medida que responde a una demanda histórica del sector. La norma busca agilizar los procedimientos administrativos, mejorar la seguridad jurídica y reforzar el papel de las sociedades de cazadores, especialmente en el ámbito de la gestión de terrenos públicos.
Menos burocracia y más agilidad en los cotos
Uno de los avances más destacados es la posibilidad de que las sociedades federadas participen en la licitación de montes públicos conforme a la legislación patrimonial, lo que permitirá simplificar trámites, evitar retrasos en adjudicaciones y aumentar la transparencia en la gestión de estos espacios.
Además, el decreto descentraliza la aprobación de los Planes Técnicos de Caza integrados, que pasarán a ser evaluados y autorizados por las Delegaciones Territoriales o Provinciales. Esta medida reducirá los tiempos administrativos y facilitará la planificación cinegética sobre el terreno.
La norma también elimina las limitaciones de superficie mínima para los cotos deportivos, una decisión que aporta mayor flexibilidad a las sociedades locales. Asimismo, establece un tratamiento específico para los planes acogidos a sistemas de calidad, que serán tramitados directamente por la Dirección General competente.
Nuevas medidas para cazadores y licencias
El decreto incorpora otras novedades prácticas para el ejercicio de la caza. Entre ellas, se autoriza el uso de hasta seis perros en la modalidad de caza en mano a diente y se regula el empleo de visores en determinadas condiciones, conforme a la normativa vigente.
También se elimina la tarjeta acreditativa del cazador y se introduce la posibilidad de expedir licencias temporales para cazadores procedentes de otras comunidades o países, facilitando así la movilidad cinegética.
Otra de las medidas relevantes es la flexibilización en el acceso a los cotos, permitiendo cazar sin autorización escrita del titular siempre que el cazador esté acompañado por este o por su representante legal.
Por último, se refuerza el sistema de licencia interautonómica, válida en varias comunidades y con un coste de 70 euros, que habilita para todas las modalidades de caza durante un año. Esta licencia busca homogeneizar criterios y facilitar la práctica cinegética más allá del ámbito regional.
Con este decreto, Andalucía avanza hacia un modelo de gestión más ágil y adaptado a la realidad del sector, en el que la simplificación administrativa se convierte en una herramienta clave para garantizar la continuidad de la caza social.