Tres tribunales superiores de justicia, tres recursos de organizaciones ecologistas y una misma fundación personándose en todos ellos con informes técnicos bajo el brazo. Fundación Artemisan ha pasado las últimas semanas librando frentes judiciales en Madrid, Asturias y Castilla y León para defender el aprovechamiento cinegético de varias especies de aves y la continuidad de los planes de control del lobo, en procedimientos promovidos por SEO/BirdLife, PACMA y plataformas conservacionistas asturianas. El resultado, de momento, es desigual: una victoria clara en Madrid, un plan de lobo que sigue adelante en Asturias tras agotar la vía del recurso, y una suspensión que sigue pesando sobre cinco aves en Castilla y León mientras el litigio continúa.
Madrid: nueve especies de caza vuelven al monte
El origen del caso madrileño está en un recurso que SEO/BirdLife presentó el 5 de octubre contra la orden de vedas de la Comunidad de Madrid, pidiendo la suspensión inmediata de la caza de becada, codorniz, paloma zurita, zorzal alirrojo, zorzal real, corneja negra, paloma bravía, perdiz roja y urraca. Al día siguiente, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid acordó la medida cautelarísima sin escuchar antes a las partes afectadas, dejando en suspenso de la noche a la mañana el aprovechamiento de nueve especies justo cuando arrancaba la temporada general. La paralización inicial obligó a miles de cazadores madrileños a revisar sus jornadas ya organizadas, con el riesgo añadido de incurrir en infracciones por desconocimiento de una norma que cambiaba de un día para otro. Artemisan se personó en el procedimiento y, en el plazo de tres días que marca este tipo de trámites urgentes, presentó un escrito de oposición respaldado por informes sobre el estado de conservación de las nueve especies en la región, un análisis del impacto económico y social de mantener la suspensión y un resumen ejecutivo de los argumentos técnicos. Para construir esa defensa recurrió a datos del Observatorio Cinegético y a un informe firmado conjuntamente con el Club de Cazadores de Becada, además de información del grupo de trabajo europeo Task Force para las aves migratorias y referencias al estado de conservación de cada especie a escala nacional e internacional.
El 4 de noviembre, mediante auto, el tribunal estimó la oposición y levantó la suspensión, permitiendo que las nueve especies volvieran a ser objeto de caza en Madrid conforme a la normativa autonómica vigente. La resolución considera que no concurren los requisitos para mantener la cautelar y recoge como precedente una decisión similar del TSJ de Castilla-La Mancha que había rechazado antes una petición de SEO/BirdLife. Artemisan solicitó además una fianza de 1.417.500 euros para responder de los perjuicios que la medida cautelar hubiera podido causar durante su vigencia; la petición de esa garantía no equivale, en sí misma, a que el tribunal haya dado por acreditados esos daños. El recurso de fondo contra la orden de vedas madrileña sigue abierto y Artemisan continúa personada en él.
Asturias: el plan del lobo sale reforzado de los tribunales
El frente asturiano tiene otra naturaleza. La Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica y Ecoloxistes n’Aición d’Asturies pidieron al Tribunal Superior de Justicia de Asturias la suspensión cautelar del II Plan de Gestión del Lobo y del Programa de Actuaciones de Control del Lobo 2026-2027, que contempla la extracción de hasta 67 ejemplares durante la temporada. Artemisan se opuso con un informe técnico-pericial de Carlos Sánchez García-Abad, director de Investigación de la fundación y doctor en Veterinaria, que recoge datos sobre las poblaciones de lobo en Asturias, su estado de conservación y los daños atribuidos a la especie en el medio rural. El documento cifra en 50 los grupos de lobos detectados en Asturias durante 2025 y en 412 la población estimada, y sostiene que el programa de control aprobado suponía actuar sobre aproximadamente el 19 % de esa población. Son cifras que proceden del informe pericial aportado por una de las partes del litigio, y que todavía no han podido contrastarse con un censo oficial independiente ni con el detalle metodológico completo del programa autonómico.
En el plano jurídico, la fundación defendió que el control del lobo resulta legal porque la especie quedó fuera del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial al norte del río Duero tras la Ley 1/2025, de 1 de abril, que modificó el régimen de protección vigente desde 2021. Un auto del 13 de octubre de 2026 rechazó ya la suspensión cautelar y permitió que el plan siguiera aplicándose, una decisión que el tribunal fundamentó en informes que apuntan a una evolución favorable de la población de lobos en el Principado. Las organizaciones recurrentes presentaron un recurso de reposición contra esa primera resolución, pero un segundo auto, fechado el 10 de noviembre y contra el que ya no cabe recurso ordinario, ha desestimado íntegramente esa impugnación y mantiene plenamente vigente tanto el decreto regulador del plan como el programa de extracción de 67 ejemplares para esta temporada. En el procedimiento también se ha personado el Partido Animalista PACMA, que meses antes había logrado que el mismo tribunal anulara el programa de control de la temporada anterior, 2025-2026, por falta de soporte normativo suficiente; ese antecedente es precisamente el que la nueva regulación, adaptada tras la Ley 1/2025, trataba de corregir.
Castilla y León: cupo cero para cinco aves mientras sigue el litigio
El caso castellanoleonés es el que permanece más abierto. El 3 de noviembre, SEO/BirdLife presentó un recurso ante el TSJ de Castilla y León contra la normativa autonómica de protección de especies cinegéticas, pidiendo un cupo cero para becada, avefría europea, agachadiza común, agachadiza chica y silbón europeo. Al día siguiente, el tribunal dictó un auto de medidas cautelares que fija en cero el número de piezas que cada cazador puede cobrar de esas cinco aves durante toda la temporada 2026-2027, mientras continúa el procedimiento sobre el fondo del asunto. A diferencia de Madrid, aquí el tribunal no concedió audiencia previa a la Junta de Castilla y León, autora de la norma recurrida, lo que ha generado una fuerte protesta del sector cinegético de la comunidad. Artemisan se personó de urgencia para oponerse a la suspensión y presentó un escrito de alegaciones con informes sobre el estado de conservación de las especies afectadas, una estimación del impacto económico y social de mantener el cupo cero, una comparación de los argumentos de SEO/BirdLife frente a los suyos y las resoluciones favorables obtenidas antes en Madrid y Castilla-La Mancha. Volvió a contar con la colaboración del Club de Cazadores de Becada y con información atribuida a la Task Force europea para especies migratorias. La fundación sostiene que los datos disponibles no demuestran que la caza tenga un efecto negativo sobre las poblaciones de estas cinco especies, una tesis que constituye su posición como parte del litigio y que aún debe contrastarse especie por especie con fuentes independientes.
La entidad ha pedido también al tribunal una fianza de 7,5 millones de euros como cuantía estimada del perjuicio económico si se mantiene la suspensión, una cifra que la propia fundación relaciona con el golpe que sufrirían cazadores, propietarios de terrenos, establecimientos y municipios que viven de esta actividad en plena campaña de migración. La becada concentra buena parte de la preocupación del sector: es la única especie que se repite en las listas de Madrid y Castilla y León, y mueve cada temporada a aficionados que organizan sus salidas con perro de muestra siguiendo los movimientos migratorios de otoño e invierno. Según la información disponible, el auto sigue en vigor y el TSJ de Castilla y León todavía no ha resuelto las alegaciones presentadas tanto por los servicios jurídicos de la Junta como por Artemisan, por lo que el cupo cero continúa aplicándose mientras el procedimiento avanza. La imposición de esa medida cautelar, con las cinco especies afectadas y el precedente madrileño, ya fue recogida por Cazaflix cuando se conoció el auto.
Una misma estrategia, tres resultados distintos
Los tres procedimientos comparten un mismo guion: recurso ecologista, medida cautelarísima sin audiencia previa, personación urgente de Artemisan en un plazo de apenas tres días y una batería de informes que combinan estado de conservación, impacto socioeconómico y precedentes judiciales favorables. Para sostener esa defensa, la fundación recurre de forma reiterada a la misma red de datos: el Observatorio Cinegético, los estudios del Club de Cazadores de Becada y la información de la Task Force europea para aves migratorias, además de informes periciales propios como el elaborado para el caso asturiano del lobo. El desenlace, sin embargo, no ha sido uniforme. En Madrid la caza de las nueve especies ya se ha reanudado, aunque el recurso de fondo sigue vivo. En Asturias el plan del lobo ha superado ya dos rondas judiciales y la última resolución, al no admitir recurso ordinario, da al programa 2026-2027 una estabilidad que no tenía el de la temporada anterior, anulado meses antes por falta de cobertura normativa. En Castilla y León, en cambio, la becada y las otras cuatro especies acuáticas siguen sin poder cazarse mientras la Junta y Artemisan esperan que el tribunal resuelva sus alegaciones, con un perjuicio económico que el sector cinegético de la comunidad lleva semanas denunciando como un auténtico «calvario judicial» que se suma a litigios que arrastran más de una década.
Para titulares de cotos, guardas y cazadores de las tres comunidades, la lección práctica es clara: antes de salir al monte conviene comprobar el estado procesal actualizado de cada caso, porque una medida cautelarísima puede cambiar de un día para otro las condiciones bajo las que se había planificado la temporada, y las consecuencias de cazar una especie suspendida no son solo una cuestión de cupo, sino de posible infracción administrativa.

