Fundación Artemisan ha lanzado un llamamiento directo a los cazadores españoles: que se sumen a los proyectos de monitorización de fauna silvestre impulsados desde el propio sector cinegético. La entidad sostiene que esos datos, recogidos jornada a jornada por quienes pisan el monte, pueden resultar decisivos a la hora de defender la caza ante administraciones y tribunales, justo cuando el sector encadena dos reveses judiciales en apenas un mes.
El aviso llega el 6 de noviembre de 2026, un día después de que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León acordara paralizar cautelarmente la captura de cinco especies de aves en la región. Artemisan lo vincula directamente con el precedente madrileño: según explica la propia fundación, lo ocurrido primero en Madrid y ahora en Castilla y León responde a una supuesta falta de datos esgrimida por SEO/BirdLife, carencia que, a su juicio, solo puede rebatirse con la implicación de los cazadores.
Becada, avefría y agachadizas, sin cupo esta temporada en Castilla y León
El origen inmediato del llamamiento está en el auto dictado el 4 de noviembre por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid. Según confirmó a Jara y Sedal Santiago Iturmendi, presidente de la Federación de Caza de Castilla y León, la medida cautelar afecta a cinco especies: becada, avefría europea, agachadiza común, agachadiza chica y silbón europeo. El propio Iturmendi se encargó de desmentir la confusión que corría por las redes sociales: «esas son las cinco especies afectadas», aclaró, precisando que los zorzales no están incluidos pese a lo que circulaba por redes, una matización relevante para quienes preparan sus salidas en plena temporada migratoria.
La resolución, promovida a petición de SEO/BirdLife, fija en cero el número máximo de piezas que cada cazador puede cobrar al día de estas cinco especies durante toda la temporada 2026-2027. No se trata de una sentencia sobre el fondo del asunto, sino de una medida provisional mientras continúa el procedimiento judicial, aunque su efecto práctico es inmediato: cazadores, sociedades y titulares de cotos deben adaptar ya sus jornadas a la prohibición mientras la Junta de Castilla y León dispone de un plazo breve para presentar alegaciones.
El antecedente más próximo está en Madrid. El Tribunal Superior de Justicia madrileño había suspendido cautelarmente, mediante un auto fechado el 6 de octubre de 2026, la caza de nueve especies —perdiz roja, codorniz común, becada, zorzal alirrojo, zorzal real, paloma zurita, paloma bravía, corneja negra y urraca— también a raíz de un recurso de SEO/BirdLife contra la orden autonómica de vedas. Cazaflix contó entonces cómo se gestó aquella paralización en Madrid y cómo Artemisan decidió personarse y preparar informes científicos para intentar revertirla.
Del cuaderno de campo al expediente judicial
La tesis de fondo que maneja Artemisan es sencilla de entender para cualquiera que gestione un coto: cuando una orden de vedas acaba en los tribunales, no basta con decir que una población aguanta determinado aprovechamiento. Hay que poder demostrarlo con información sistemática, trazable y comparable a lo largo del tiempo, y ahí es donde entra en juego la red de proyectos que la fundación lleva años construyendo junto a federaciones y administraciones.
El principal es el Observatorio Cinegético, que la propia Artemisan presenta como la red de monitorización de fauna silvestre cinegética más importante del país, una afirmación de la propia entidad que conviene tomar con la prudencia habitual ante cualquier dato comparativo sin contraste independiente. Según explica la fundación, colaboran cazadores de toda España con el apoyo de federaciones, entidades del sector y administraciones. Se trata de una plataforma de ciencia ciudadana en la que los participantes vuelcan sus censos a través de la aplicación móvil CensData para alimentar una base de información útil tanto para los propios cazadores como para la Administración a la hora de diseñar las órdenes de vedas.
De esa misma estructura cuelgan otras iniciativas más especializadas. Coturnix centra su trabajo en la codorniz, mientras que el proyecto Zorzales busca mejorar el conocimiento sobre distribución, abundancia y migración de estas aves; sus colaboradores pueden realizar censos a través de la misma app CensData o, si forman parte de cotos zorzaleros, implicarse además aportando fichas de campo. RUFA y PIRTE aparecen citados por la fundación entre sus herramientas, orientados respectivamente a la recuperación de perdiz roja y aves esteparias y al seguimiento de la tórtola europea, aunque su metodología actualizada y su alcance territorial exacto en 2026 no han podido confirmarse con una ficha técnica vigente. Aquaves, por su parte, se dedica a mejorar el conocimiento y la conservación de las aves acuáticas, especies de notable interés tanto ecológico como cinegético.
Personación en los tribunales y garantías económicas
Artemisan ya ha puesto a disposición de la Junta de Castilla y León la información disponible de estos proyectos y anuncia que se personará en el procedimiento, tal y como hizo en Madrid y en otros intentos de paralizar la caza mediante denuncias contra órdenes de veda que, según la fundación, se repiten sistemáticamente en distintas comunidades autónomas por parte de entidades anti caza. La entidad recuerda que esas solicitudes suelen ser denegadas, pero que en los casos en que sí se adoptan medidas cautelares previas —como ha ocurrido en Madrid y ahora en Castilla y León— el perjuicio para el sector ya está hecho, aunque la medida acabe siendo revocada más adelante.
Por ese motivo, Artemisan volverá a pedir garantías económicas a la organización demandante si la prohibición cautelar no se levanta de forma inmediata. La fundación atribuye esta intención a sí misma, pero no detalla el fundamento procesal concreto de la petición ni si ya la ha formalizado ante el tribunal castellanoleonés, de modo que su alcance real deberá confirmarse con el desarrollo del expediente judicial.
La red de proyectos cuenta, según explica la propia fundación, con el impulso o la colaboración de Mutuasport, la Real Federación Española de Caza, las federaciones autonómicas de caza y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, entre otras entidades. Esa estructura compartida permite ampliar la cobertura territorial, formar a los colaboradores sobre el terreno y coordinar la recogida de información en todo el país, aunque corresponde después a los equipos técnicos depurar y analizar esos registros antes de utilizarlos como argumento ante una administración o un juzgado.
Una exigencia que va más allá de un pleito concreto
Desde Artemisan insisten en que la recopilación de datos sistemáticos es la única vía capaz de dar respuesta tanto a los tribunales españoles como a las exigencias de las administraciones europeas en materia de conservación. No se trata de un capricho burocrático: sin series de datos homogéneas y continuadas, la Administración lo tiene mucho más difícil para explicar ante un juzgado qué información manejó para fijar un cupo o un periodo hábil, de dónde salió y por qué sustenta esa decisión frente a un recurso. El caso madrileño ya mostró que los argumentos ecologistas se apoyan precisamente en la falta de evaluaciones recientes y trazables del estado de las poblaciones, un vacío que el sector cinegético solo puede llenar con sus propios registros de campo.
Para el cazador de a pie que quiera sumarse, el mensaje de la fundación es claro: acudir a los canales oficiales de cada proyecto y registrar las observaciones siguiendo el protocolo correspondiente, también las jornadas en las que no se avista ningún ejemplar, porque la utilidad científica de estos registros no depende de acumular muchos avistamientos, sino de que reflejen con fidelidad lo que realmente ocurre en el campo. La evolución de los procedimientos abiertos en Castilla y León y Madrid permitirá comprobar, temporada tras temporada, si esa información termina pesando de verdad en las decisiones de administraciones y tribunales.